• Martín Campos

Recordando la contundente marcha en Lima, en defensa de la libertad cultural



El miércoles 5 de diciembre del 2018 correspondió un punto de inflexión ante el aburguesamiento que por años mantuvieron los aficionados y estamentos taurinos del país desdeñando la onda animalista anti taurina que merced a una muy bien orquestada y financiada campaña mundial, ha enfilado ferozmente durante el último lustro en contra de los derechos individuales y colectivos de una parte importante de la población peruana que reivindica a la Tauromaquia como expresión cultural y artística en cada localidad donde esta se desarrolle debido a su secular arraigo.


Lo más significante fue que tras un año desde aquella iniciativa, convocados nuevamente por los gremios gallísticos y taurinos representados por la Unión de Galleros del Perú y la Asociación Cultural Taurina del Perú, respectivamente; el 9 de enero del 2,020 exactamente, marcó una fecha histórica para la afición taurina que nuevamente colmó las calles del centro de la ciudad de Lima marchando de forma multitudinaria y contundente.


A tal punto que los mismos noticieros de la prensa convencional, siempre proclives a minimizar o invisibilizar cualquier difusión sobre la tauromaquia, reportaron cifras de unos 60 mil marchantes.



Como se recuerda, aquella mañana estival de principios del año pasado exigimos al Tribunal Constitucional celeridad para resolver sobre la sentencia que se derivaría de la demanda interpuesta por los animalistas cuya pretensión aspiraba se eliminen las excepciones que sanciona la Ley 30407 De Protección Animal referentes a las manifestaciones culturales como son las corridas de toros, pelea de gallos y pelea de toros arequipeños, respectivamente.


Pasarían algunos meses más para que finalmente el máximo tribunal en materia constitucional del país, emitiera el fallo que por mayoría de sus tribunos integrantes, dejaba las cosas tal como lo estableciera inicialmente la propia ley, validándose sus excepciones respecto a las mencionadas manifestaciones culturales.


El embate animalista patrocinado por ONGs y hasta gobiernos extranjeros —en grosera interferencia en los asuntos internos nuestros— dista mucho de menguar, por el contrario, continúan en su propósito amenazante como recientemente sucede a nivel del municipio metropolitano y para cuyos actos ilegales ya se iniciaron las diligencias judiciales y administrativas en contra de sus patrocinadores.


Para los detractores de nuestras costumbres, tradiciones y sobre todo cultura, ya no les puede resultar posible negar precisamamente el carácter cultural de estas actividades —como las corridas de toros—, por cuanto ellos mismos terminaron por aceptar que en efecto son tradición y cultura. Todos los voceros animalistas hoy ya no admiten discusión sobre ello.


Entonces cambian su estrategia buscando saltarse el impedimento legal y constitucional que neutraliza cualquier intento prohibicionista para socavar la raíz de la afición: impedir el acceso a la niñez a su práctica y culto; del mismo modo y paralelamente desalentar la organización empresarial en torno al espectáculo taurino. Como ilegalmente lo pretende el Concejo de Lima en relación a la Plaza de Acho.


La transmisión de los modelos culturales se dan de generación en generación, entre los integrantes de un grupo social específico adquiriendo rasgos identificables por contacto permanente con ellos a través del tiempo dentro del proceso de socialización. La Tauromaquia como la Gallística, son cultura manifestada y desarrollada en gran parte del territorio nacional. Como tal las ampara el ordenamiento legal y la Constitución Política.



A diferencia de hace veinte años cuando se realizaban algo menos de doscientos festejos taurinos en el Perú, hoy esa cifra se ha más que triplicado. Actualmente como hecho irrefutable se dan alrdedor de los setecientos festejos y espectáculos taurinos en todo el territorio nacional generando un impulso económico importante en cada localidad.


Los taurinos no estamos dispuestos a dejarnos avasallar, ni por corrientes globalistas, ni minorías —ostensiblemente más reducidas que los adeptos taurinos— que pretendan imponernos al resto sus ideales, ni mucho menos por políticos populistas.


Somos varios millones de peruanos que exigimos respeto a nuestra identidad cultural y es deber del Estado salvaguardar ese derecho conforme lo estipula la Constitución. En tiempos de efervescencia electoral, deberían los políticos o aspirantes a cargos vía elección, tenerlo en debida cuenta.

Martín Campos



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