• Martín Campos

Cambiar la Constitución, el paradigma de las izquierdas



La propensión de la izquierda latinoamericana hacia promover siempre los cambios de Constitución apelando al demagogo discurso de que hacerlo traería por arte de magia y de la noche a la mañana nada menos que la solución a resolver los males sociales, así por que sí y sin más; no solo es equivocado sino perniciosamente nefasto pues construye luego un escenario decepcionante para quienes seducidos por estos cantos de sirenas más temprano que tarde comprobarán que todo el milagroso cambio que esperaban no fue tal ─o al menos en el corto y mediano plazo─, y que los nuevos derechos y mejores beneficios nunca habrán de materializarse, a contrario sí, por supuesto, del engrandecimiento de las castas burocráticas.


Los cambios de Constituciones no resuelven los problemas; por el contrario, hasta incluso los agravan al crear inestabilidad política acrecentando el atraso y estableciendo regímenes totalitarios para perpetuarse en el poder. La Venezuela del chavismo es el ejemplo más evidente. En Bolivia sirvió para forzar las reelecciones de Evo Morales hoy validado a través de un dauphin impredecible como el electo presidente Luis Arce. Pero el análisis del caso boliviano responde a variables que por desconcertantes resultan inexplicables.



¿Las Constituciones acaso no pueden modificarse?


Desde luego que sí, pero en atención a lo que ellas mismas establecen para hacerlo. Si partimos desde la premisa de que los textos constitucionales no son la razón de que éstas fallen sino más bien son los ejecutores políticos quienes al mal aplicarlos generan los problemas por una ineficiente administración del Estado. Es otra cosa.


El reciente caso chileno no deja de ser preocupante. Buscando el momento ─o el pretexto─ la izquierda radical encontró la manera de lanzar a las calles huestes de en su mayoría jóvenes inimputables conminándoles a vandalizar “la protesta” tras encender la mecha incendiaria de hacerlo en reclamo por el alza de los pasajes del sistema de transporte de Santiago… y claro está, exigir el cambio de la “Constitución de la Dictadura”.



Una Constitución que prácticamente en los hechos ya es una nueva comparada a la que se promulgó a fines del pinochetismo. Veamos, refrendada por el 91% de los chilenos en 1989 luego que el gobierno de la Concertación (de orientación izquierdista) y los grupos políticos ─también mayoritariamente de izquierda─ acordaran modificar medio centenar de sus articulados.


Pero como esto no bastaba ─siempre habrá de faltar algo más─, en el 2005 se volvió a modificar en parte convirtiéndola ya de por sí en una carta totalmente nueva. Incluso se le retiró la firma del dictador Pinochet para suplantarla por la del presidente Ricardo Lagos, quien inflamado de entusiasmo desbordante profirió esa vez: “Chile por fin y desde este instante, tiene una Constitución de unidad nacional que representa el espíritu democrático de los chilenos”.



¿Entonces, qué sentido tiene ahora el cambiarla? ¿Mejorará la vida de los chilenos al día siguiente de imponerse el cambio? Las deficiencias del sistema no residen en los textos constitucionales necesariamente, pues las falencias de las que adolecen los gobiernos para administrar los recursos en función del bien general parten por políticas erróneas, populistas, demagogas y, entiéndase bien, carencia de capacidad presupuestaria y no porque una Constitución deje de establecer, por ejemplo, el rol del Estado en garantizar sistemas adecuados de salud, educación, etc. Todo eso que por cierto ya lo dicen nuestras Constituciones. Como la chilena, que además fue la que bajo el modelo económico que establecía, los sucesivos gobiernos de Concertación aplicaron habiendo llevado al país sureño a rozar el sueño del desarrollo en la región.



Como los peruanos somos tan proclives a imitar todo lo de fuera, ya se escuchan voces que llaman a proponer el cambio de nuestra carta magna al considerarla fomentadora de, por ejemplo, “la desigualdad en el tema educativo pues no garantiza una educación de calidad a diferencia de la que imparte el sector privado… ” Bastaría señalar que las debilidades de un sistema educativo estatal, donde gran parte de un profesorado ideologizado es siempre reacio a todo intento de reforma que busque la meritocracia y evaluación académica, y no el texto constitucional que perfectamente contempla esa, y otras, garantías; las que marcan las diferencias ante la educación privada desarrollada dentro de un sistema de libre mercado.


Esperemos si no es anhelar demasiado que nuestros millenials reaccionen y no se dejen seducir por los discursos engañosos de una ideología retrógrada que allá donde se implantó solo generó caos, atraso, sub desarrollo y mayor pobreza.



Martín Campos.